Durante la XXXVI Escola de Salut Pública de Menorca del pasado septiembre, se reunieron responsables públicos, personal técnico de salud pública, investigadores y personas de la sociedad civil en el encuentro E4 “¿Cómo proteger el derecho a la salud?”.
De ese trabajo conjunto surgió la «Declaración de Menorca 2025. Sobre proteger el derecho a la salud desde la política, la administración, la academia y la sociedad civil».
La declaración recoge seis principios clave y una llamada a la acción dirigida al poder político, la academia y la sociedad civil.
Declaración de Menorca 2025
Sobre proteger el derecho a la salud desde la política, la administración, la academia y la sociedad civil
Llatzeret de Maó, 18–19 de septiembre de 2025
En el contexto de la Escuela de Salud Pública de Menorca celebramos un encuentro decisores públicos, personal técnico de salud pública, investigadoras e investigadores y personas miembro de la sociedad civil, con un propósito exigente: acortar la distancia entre saber y hacer en políticas de salud. Lo hicimos en un contexto de policrisis y de desigualdades superpuestas, en el que la brecha entre evidencia y decisión no se cierra con quejas o buenos propósitos, ni con más ciencia, sino con instituciones abiertas a la población, capaces, que incorporan la ética en su quehacer diario, y que están legitimadas políticamente.
En el encuentro “¿Cómo proteger el derecho a la salud?”, las experiencias de políticas de salud analizadas, tanto en su formulación como en su implementación, permitieron llegar a algunos principios compartidos que aquí resumimos:
- Las evidencias intervienen de manera significativa en la fase de delimitación del problema, pero también en la construcción de argumentos y en el debate que acaba estableciendo el problema público y la propuesta de consenso.
- Aprobar no es implementar (es decir, no es hacer realidad). Sin capacidad técnica, coordinación interministerial, plazos establecidos para cumplir acuerdos-tareas, y responsables identificables, la propuesta de mejora y el derecho se queda en promesa. No se trata sólo de aprovechar una oportunidad, o encontrar la mejor política, sino que muchas veces hay que hacer que ello ocurra.
- La legitimidad se construye antes y después de la norma, con transparencia (calendarios, actas y criterios de consulta) y con rendición de cuentas sobre los avances y obstáculos que encuentran las políticas en su desarrollo.
- Las políticas europeas son, a menudo, palancas de cambio, y, al mismo tiempo, condición del mismo. Pero en ese mismo nivel político, los intereses existentes o potenciales son significativos e influyentes en todas las fases de la formulación. Conviene anticipar sus tiempos y procedimientos, y alinear estándares (por ejemplo, en conflictos de interés) para ganar coherencia.
- Los determinantes comerciales de la salud operan desplazando debates, colonizando marcos cognitivos o explotando resquicios procedimentales; la respuesta no es el repliegue moral, sino reglas claras de regulación de los conflictos de interés, trazabilidad de las interacciones entre intereses públicos y privados dentro de la administración, y contrapesos en las relaciones de poder.
- Y, por último, que la dimensión ética ha sido, hasta ahora, poco explicitada en la formulación de políticas, pero influye de forma determinante tanto en dicho proceso como en su aceptabilidad. Abordarla consiste en deliberar abiertamente sobre valores éticos en tensión, requiere de instancias institucionales donde se proteja dicha reflexividad y deliberación (comités de ética organizacional), y permite establecer un ethos común que podría favorecer los acuerdos y la toma de decisión.
Llamada a la acción
Para cada actor, y como conclusión de nuestra deliberación, instamos a:
Al poder político
- Asumir la necesidad de trabajar las propuestas políticas en salud de manera más articulada entre los distintos ministerios, alineando voluntades no solo competenciales, sino también financieras y normativas.
- Publicar y hacer accesible a la ciudadanía el sentido y el itinerario de cada iniciativa (trazabilidad): fases, plazos, hitos y equipos responsables.
- Explicitar el debate sobre los valores éticos que acompañan a los hechos políticos, y que explican los términos del debate público y las posibilidades de llegar a acuerdos.
- Elevar las exigencias éticas de los cargos políticos y técnicos en materia de conflictos de interés, así como establecer reglas homogéneas y justas para audiencias y trazabilidad de aportaciones externas (a quién, cuándo, cómo y cuánto tiempo de audiencia).
- Asegurar el desarrollo y calidad de la reglamentación en cuanto a las exigencias que su aprobación implica.
- Reforzar la Administración General del Estado en sus capacidades de formulación, decisión e implementación de políticas públicas, explicitando los circuitos interministeriales necesarios.
- Establecer circuitos interministeriales con mandatos explícitos, plazos definidos y de obligado cumplimiento.
- Reconocer material y simbólicamente la labor de la sociedad civil, en tanto se constituye con recursos escasos y desde la voluntariedad en numerosas ocasiones.
A la academia
- Generar evidencia sobre los procesos de formulación de políticas como fenómeno de investigación en sí mismo.
- Favorecer la co-producción de esa evidencia sobre políticas públicas, tanto con la ciudadanía como con quienes toman decisiones.
- Abrir datos cuando sea posible, declarar conflictos de interés y documentar la influencia de la evidencia en los resultados.
- Incorporar en los procesos de mérito académico el impacto de los estudios y análisis en las políticas públicas.
Sociedad civil
- Avanzar en la construcción de coaliciones amplias y transparentes, con mapas de intereses, y con propuestas operativas, no sólo reivindicativas,
- Reclamar reglas de acceso equitativas a los procesos de audiencia formales e informales.
A todos los actores, sin distinción
- Fomentar y reclamar formación pública de las personas investigadoras, técnicas, a los medios de comunicación y a la sociedad civil sobre los procesos de formulación de políticas públicas, para que puedan conocer dichos procesos y participar de los mismos. La democracia no empieza y acaba en las urnas electorales.
- Promover e institucionalizar la evaluación de las políticas públicas, desde distintas perspectivas y metodologías.
Horizonte de trabajo compartido
De la pertinencia del espacio compartido entre los mencionados actores en el contexto de la Escuela de Salud Pública de Menorca 2025, concluimos la necesidad de replicar estos espacios, sea en este u otros contextos, con este contenido o similares, marcando como objetivo que este diálogo entre actores sea un diálogo sistemático, periódico, que permita analizar y aproximarse a las iniciativas legislativas y sus procesos cotidianos, con el objetivo último de mejorar los procesos de formulación de políticas para poder hacer efectivo el derecho a la salud. La publicación de este texto nace con esta pretensión y busca complicidades en todos aquellos que concuerden con los objetivos y propuestas mencionadas
El derecho a la salud no se reclama, se protege con instituciones que escuchan, con políticas que aprenden y cuidan, y con una ciudadanía que participa y confía en ambas dos porque puede comprobar que el bien común está en el centro de ambas cosas.
Firmantes
Alexánder Alegría Lozada (Unidad de Impacto, Fundació de Recerca Sant Joan de Déu)
Daniel G. Abiétar (Unidad de Gestión de la Información en Salud, Instituto Catalán de la Salud)
Elena Aguiló Pastrana (Centro Marie Langer)
Ildefonso Hernández Aguado (Universidad Miguel Hernández, Salud Global)
Joan Subirats Humet (Universidad Autónoma de Barcelona)
José Miguel Carrasco Gimeno (Cooperativa APLICA)
Lucy Anne Parker (Universidad Miguel Hernández, Salud Global)
Maribel Pasarín Rua (Agència de Salut Pública de Barcelona)
Nacho Sánchez Valdivia (Promoción de la Salud, Agència de Salut Pública de Catalunya)
Unai Martín Roncero (OPIK, Universidad de País Vasco)
Vanessa López García (Fundación Salud por Derecho)